La batalla de los pescadores contra el Gobierno y las grandes empresas por la puesta en marcha de la eólica marina llegará a su cenit este mes de septiembre. Conocerán de primera mano las razones jurídicas de unos y otros para apoyar o rechazar la llegada de esta nueva tecnología a nuestro país. Ahora, los pescadores deshojan un nuevo argumento, que estará incluido en su demanda presentada al Tribunal Supremo, para tumbar una de las medidas estrellas del gobierno durante la pasada legislatura. Así, aseguran que «el Real Decreto aprobado el pasado febrero es inconstitucional».
De esta forma, el sector pesquero ha presentado un recurso ordinario ante el Tribunal Supremo contra una norma de carácter general (el Real Decreto 150/2023). Dentro de ese procedimiento hay varias fases. En primer lugar, un escrito de interposición, que es el anuncio de la demanda contra la Administración por una norma determinada y donde se justifica que uno es parte interesada. Después, el Alto Tribunal, desde que te admite el recurso, da un plazo de 20 días para que se fundamente la demanda y se presenten los argumentos oportunos.
Es ahí donde se ha introducido el artículo en cuestión, que es el 130 de la Constitución, y que se enmarca dentro del desarrollo del sector económico. Este sostiene que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Desde el sector son claros: «Las políticas públicas que se hagan por parte de un gobierno no pueden ir en contra de estos sectores, sino que tiene que tener en cuenta ese especial mandato constitucional».
«Cualquier norma de carácter general, como este real decreto, que vulnera un artículo constitucional, automáticamente es nula de pleno derecho. Es decir, no tiene ningún tipo de diligencia ni de posibilidad de que se desarrolle. Esto no es una irregularidad de carácter jurídico, es mucho más, es el sumun de las ilegalidades«, apuntan los expertos jurídicos que asesoran a los pescadores.
La demanda contra los planes de ordenación (conocidos como los POEM) presentada ante el Tribunal Supremo tendrá como principal eje la inconstitucionalidad del plan de la eólica marina. A este argumento le seguirán otros, como el principio de precaución y respeto a los ecosistemas. Los pescadores acusan de que no ha habido un estudio previo que analice el impacto de estas construcciones. «Es necesario que exista certeza para que la implantación de estas instalaciones no afecte a nuestras aguas. Primero hay que saber qué consecuencias pueden tener este tipo de actuaciones», sentencian desde el sector pesquero. También presentarán en su batería de argumentos normas relacionadas con la protección del medioambiente marítimo.
Desde el Gobierno han paralizado de forma momentánea la subasta de eólica marina, que era el siguiente paso tras la aprobación de los POEM. Mientras, se aferran -junto con las empresas- al carácter del plan como bien de interés público superior, que evite sus suspensión. La Comisión Europea quiere que se desarrollen todas las energías renovables que sean posibles, una petición que podría primar sobre el principio de precaución de los pescadores.
Desde el sector pesquero replican esta idea. «La Unión Europea no les permite hacer lo que hicieron con el espacio marino. La directiva marco que ordena a los países organizar los espacios habla de que se tiene que tener en cuenta no solo a las nuevas industrias que generen energía renovable sino también las cuestiones sociales y económicas que ya se están desarrollando en los mares de la Unión. La pesca es una actividad de estas y se debe respetar«. La flota pesquera en nuestro país cuenta con más de 8.000 embarcaciones, aunque la zona afectada en España es principalmente la de Galicia y Asturias.
Previsiblemente, el 23 de septiembre en la Lonja de La Coruña (Galicia) se presente a la opinión pública el informe jurídico del sector de la pesca contra la eólica marina. Además, a finales de este mes, llegará la contestación de la Abogacía del Estado a los pescadores. En ella se relatarán las razones legales por las que se dio luz verde a los planes de ordenación marítima. Así, en el mes de octubre comenzaría una fase probatoria, durante la cual la pesca ha pedido que los ministerios implicados se pronuncien sobre cómo afecta la eólica marina al sector pesquero y a las especies marinas.
Un dato, este último, que no aparece. La demanda presentada contempla que el Tribunal Supremo requiera a la Administración si esta información la tiene. En el hipotético caso de que el Tribunal Supremo dictase a favor de la pesca, se anularía el Real Decreto. Una consecuencia que impactaría de lleno sobre posibles concesiones a empresas privadas. Un escenario que, sin embargo, rechazan de facto en el sector privado y en el Gobierno.
